Acusan que retiraron protección al funcionario antes del ataque
Mexicali, B.C.– Una carta anónima que circula entre personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) acusa presuntas fallas internas relacionadas con el asesinato del fiscal Ángel Pantoja, coordinador de Homicidios en la Zona Costa.
El documento está dirigido a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y a representantes diplomáticos de Estados Unidos en México. Sus autores afirman pertenecer a la Fiscalía, aunque mantienen el anonimato por motivos de seguridad.
Señalan retiro de escoltas
Según la carta, la institución retiró las escoltas asignadas a Pantoja un día antes del ataque. Los denunciantes aseguran que el funcionario había recibido amenazas por su trabajo.
Los autores sostienen que esta decisión lo dejó en una situación vulnerable. Un día después ocurrió el atentado que le costó la vida.
Hasta ahora, las autoridades no han confirmado públicamente esta versión.
Cuestionan la investigación
La carta también cuestiona los avances de la investigación. Los firmantes afirman que existen dudas internas sobre las detenciones anunciadas por las autoridades.
Además, consideran necesario investigar posibles omisiones relacionadas con la seguridad del fiscal.
Denuncian presuntas filtraciones
Los denunciantes aseguran que dentro de la corporación operan redes de corrupción y filtración de información. Según el documento, estas prácticas favorecerían a grupos criminales que operan en Baja California.
La carta también describe un ambiente de preocupación entre agentes y personal operativo. Los autores afirman que muchos trabajadores temen por su seguridad.
Piden observación internacional
Los firmantes solicitaron la atención de organismos y representantes internacionales. Consideran que instancias externas deben observar lo que ocurre dentro de la procuración de justicia en Baja California.
Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado y las autoridades mencionadas en el documento no han emitido una postura oficial sobre estos señalamientos.
La autenticidad de la carta y las acusaciones que contiene no han sido verificadas de manera independiente por este medio.
⚠️ Una carta anónima atribuida a presuntos agentes y personal administrativo de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California sobre el asesinato del fiscal Ángel Pantoja. En el documento, cuyos autores aseguran pertenecer a la institución, se cuestionan decisiones relacionadas con la seguridad del funcionario, se plantean dudas sobre la investigación del caso y se denuncian presuntas irregularidades internas. La autenticidad de la carta y las acusaciones que contiene no han sido verificadas de manera independiente por La Cenicienta del Pacífico; sin embargo, debido al interés público que ha generado, se reproduce íntegramente a continuación.
Carta Anónima: “Quienes escribimos esta denuncia somos agentes y personal administrativo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Baja California que, por razones obvias de seguridad, debemos permanecer en el anonimato. El asesinato de Ángel Pantoja Pantoja no fue un hecho fortuito ni un simple “ataque del crimen organizado”. Fue la consecuencia directa de una decisión irresponsable tomada dentro de la propia Fiscalía. Un día antes de su ejecución, la institución que dirige María Elena Andrade Ramírez le retiró las escoltas que se le habían asignado después de recibir amenazas de muerte. Al día siguiente fue emboscado y asesinado por un comando armado. Dentro de la corporación existe indignación, rabia y miedo. Ángel Pantoja era considerado un fiscal profesional, comprometido y respetado. Su muerte envía un mensaje devastador: a quienes investigan homicidios y enfrentan directamente a las bandas criminales se les deja solos, sin protección y expuestos. Mientras tanto, la fiscal María Elena Andrade y su círculo cercano cuentan con camionetas blindadas, escoltas permanentes y seguridad personal que se utiliza para custodiar domicilios particulares y trasladar a sus familiares, incluyendo a sus hijos a sus escuelas. Hasta un diputado de Morena, Juan Manuel Molina, cuenta con escoltas desde hace varios años. La versión oficial sobre la detención de cuatro presuntos responsables del crimen no ha calmado el enojo interno. Dentro de la Fiscalía muchos saben que esos detenidos podrían ser simplemente “chivos expiatorios” utilizados para aparentar resultados y cerrar el caso rápidamente. Se pretende vender la narrativa de que la investigación avanza “hasta sus últimas consecuencias”, cuando en realidad no se está investigando la negligencia institucional que dejó desprotegido a un fiscal que había sido amenazado por organizaciones criminales. Por eso, la sospecha radica en que alguien, desde dentro “puso” a Pantoja con sus asesinos. En los pasillos de la institución se sabe perfectamente quién controla los cobros de las llamadas “tienditas” de droga, las máquinas de juego, las extorsiones y hasta la manipulación de investigaciones, órdenes de aprehensión, cateos y juicios abreviados. Es un secreto a voces que existe una red de corrupción que permite a los cárteles operar con información privilegiada y protección institucional. Sin esas filtraciones y sin esa tolerancia desde dentro, muchas de las ejecuciones y operaciones criminales que ocurren en Baja California simplemente no serían posibles. Por ello señalamos con claridad que el problema no es solo la violencia del crimen organizado, sino la profunda descomposición institucional dentro de la propia Fiscalía General del Estado. La responsabilidad política y administrativa recae en María Elena Andrade Ramírez, cuya gestión ha permitido un clima de desconfianza, filtraciones y privilegios para los altos mandos mientras el personal operativo queda abandonado a su suerte. Ante la falta de confianza en que estas irregularidades se investiguen de manera real a nivel local o incluso federal, hacemos un llamado a la comunidad internacional y particularmente a la Embajada de los Estados Unidos en México para que observe lo que está ocurriendo en Baja California. Los cárteles mexicanos han sido catalogados por el gobierno de Donald Trump como organizaciones terroristas. Si existen funcionarios que por acción u omisión facilitan su operación, entonces se trata de un asunto que trasciende lo local. Esta denuncia es un grito de alerta desde dentro de la institución: hoy mataron a un fiscal, mañana puede ser cualquiera de nosotros”.
Nota editorial: La carta reproducida en esta publicación es un documento de origen anónimo cuya autenticidad no ha sido verificada de manera independiente por La Cenicienta del Pacífico. Los señalamientos, opiniones, acusaciones y afirmaciones contenidos en el texto corresponden exclusivamente a sus autores y no constituyen hechos comprobados.
Debido a su carácter anónimo, el contenido no puede considerarse evidencia ni tomarse como verdad absoluta. La publicación de este documento responde únicamente a fines informativos y de interés público. La Cenicienta del Pacífico no respalda, confirma ni garantiza la veracidad de las declaraciones contenidas en la carta, ni asume responsabilidad por el uso, interpretación o difusión que terceros hagan de la información aquí presentada.
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